La noticia pasó desapercibida, para casi todo el mundo, pero como me interesa el tema de los contenidos digitales, fue como un llamado de alerta. De allí que haya buscado el recorte.
Venía en la página C9 de hoy en El Mercurio (en la esquina inferior izquierda) y se refiere a los problemas que causó al Ministerio de Educación y otros, la poca actualización de su sitio web.
El tema, que puede entenderse como menor, no lo es si tomamos las nuevas disposiciones legales (por ejemplo la Ley del Consumidor) que le da credibilidad a la información que las organizaciones y/o empresas publican a través de sus medios formales.
La pregunta que me queda flotando (y que intentaré averiguar) es hasta dónde llega la responsabilidad por el error. ¿Hay, de hecho, un responsable legal? ¿Se le puede perseguir?
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